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Análisis del proyecto de reforma a la Ley General de Salud: Impacto en la salud digital
La reciente iniciativa del Ejecutivo federal para reformar la Ley General de Salud, presentada el 26 de septiembre de 2025, abre un capítulo inédito en la regulación de la salud digital en México. Más allá de los debates sobre cigarrillos electrónicos, esta reforma propone transformaciones estructurales en la manera en que los servicios de salud se prestan, supervisan y evalúan. Entre sus ejes más relevantes destacan la incorporación de la Salud Digital como un capítulo formal de la Ley, la integración de registros médicos electrónicos y la posibilidad de que farmacias privadas se conviertan en parte de la red de surtimiento de medicamentos para el sector público.
Este artículo analiza las implicaciones más significativas de la iniciativa, con especial atención al papel de la receta electrónica y su vínculo con la calidad, la certificación y la farmacia hospitalaria.
Salud Digital: del concepto a la política pública
El Capítulo VI Bis, titulado Salud Digital, marca un antes y un después en la Ley General de Salud. La definición planteada incluye la aplicación de tecnologías de la información y comunicación (TIC) a los servicios de salud, abarcando:
Telesalud y telemedicina.
Salud móvil y dispositivos portátiles.
Registros médicos electrónicos.
Digitalización de la información del paciente.
Uso de datos masivos (big data) para diagnóstico, prevención y gestión hospitalaria.
La inclusión de este capítulo representa un reconocimiento legislativo a la importancia de la digitalización como motor de cobertura, calidad y eficiencia. Con ello, la receta electrónica y el expediente clínico digital dejan de ser innovaciones aisladas de proveedores privados para convertirse en componentes esperados del sistema nacional de salud.
La salud digital comprenderá, entre otros, los servicios de telesalud, telemedicina, salud móvil, el uso de dispositivos portátiles, los registros médicos electrónicos y la digitalización de la información del paciente, a fin de facilitar el intercambio de datos entre profesionales de la salud y garantizar la continuidad de la atención.El enfoque va más allá de la tecnología: el texto resalta la necesidad de capacitación continua en el uso de herramientas digitales, protocolos de protección de datos y sistemas de evaluación del desempeño. Así, el recurso humano se coloca al centro de la transformación.
La receta electrónica: un eje transversal
Aunque la iniciativa no utiliza la expresión “receta electrónica” de manera explícita, la reconoce de forma implícita al establecer que los registros médicos electrónicos deben facilitar el intercambio de información entre profesionales y la continuidad de la atención.
La receta digital es el puente natural entre lo que el médico prescribe, lo que la farmacia dispensa y lo que el paciente recibe. Bajo este marco legal, su valor estratégico se multiplica en al menos tres dimensiones:
Continuidad del tratamiento: un expediente clínico digitalizado permite que la prescripción médica sea consultada por diferentes proveedores de salud, asegurando coherencia terapéutica.
Trazabilidad y seguridad: la digitalización fortalece la vigilancia sobre lo que se prescribe, lo que se dispensa y lo que se administra en hospitales.
Integración con farmacias privadas: al establecer la digitalización como norma, se abre la posibilidad de que farmacias comunitarias participen en el surtimiento de recetas del sector público.
En este punto, la iniciativa resuelve un vacío histórico: la receta electrónica deja de ser un proyecto voluntario de algunos actores innovadores y se convierte en pieza clave de la política pública de salud digital.
Farmacias privadas: del abasto institucional al surtimiento ciudadano
Uno de los apartados más disruptivos de la propuesta es el relativo a la participación de privados en la cadena de medicamentos. Si bien las compras consolidadas y el “Plan México” se enfocan en mejorar el abasto institucional, el texto también establece que las personas físicas o morales con infraestructura podrán formar parte de la red de disponibilidad de medicamentos a nivel territorial y nacional.
La Secretaría de Salud promoverá la participación de personas físicas o morales que acrediten contar con la infraestructura necesaria, a nivel territorial y nacional, para la producción, distribución, dispensación y abastecimiento de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, con el fin de garantizar su disponibilidad continua y en condiciones adecuadas para la población.”Esto implica que las farmacias privadas podrán integrarse al esquema de surtimiento de recetas del sector público, rompiendo con la lógica histórica en la que el paciente solo podía obtener sus medicamentos en unidades de salud oficiales.
Las implicaciones son profundas:
Los pacientes podrían surtir recetas del IMSS-Bienestar o del sistema estatal de salud en una farmacia comunitaria cercana, siempre que se valide digitalmente.
Se reducirían los tiempos de espera y el impacto del desabasto en unidades públicas.
El Estado podría aprovechar la capilaridad de la red privada para complementar su propia infraestructura.
Este modelo requiere plataformas de validación digital que garanticen que la receta es legítima, que el medicamento dispensado corresponde al prescrito y que la información se registra en tiempo real en los sistemas nacionales. Aquí, la receta electrónica se convierte en pieza tecnológica indispensable para el éxito del esquema.
Certificación y calidad: el nuevo estándar
La iniciativa refuerza la necesidad de garantizar calidad, seguridad y confianza en todos los servicios de salud, incluyendo los digitales. Para ello, establece:
Protocolos de confidencialidad y seguridad de datos en registros electrónicos.
Sistemas de evaluación y seguimiento del desempeño de servicios digitales.
Requisitos de certificación para personal y establecimientos, tanto públicos como privados.
Mecanismos alternativos de solución de controversias (CONAMED), que también podrán aplicarse en entornos digitales.
En la práctica, esto significa que toda farmacia que participe en el surtimiento de recetas del sector público deberá contar con certificación en procesos de calidad, trazabilidad y farmacovigilancia.
Este punto es crucial: la digitalización no sustituye la necesidad de regulación, sino que la fortalece. La confianza de los pacientes en el nuevo modelo dependerá de que las farmacias, hospitales y plataformas tecnológicas cumplan con estándares verificables.
Farmacia hospitalaria: control y tecnovigilancia
La iniciativa también impacta directamente en la farmacia hospitalaria, al reforzar su papel como eslabón de control en la atención médica:
Los hospitales deberán integrarse a los procesos de contratación consolidada y al sistema nacional de información en salud.
La farmacovigilancia y tecnovigilancia se convierten en obligaciones reforzadas, bajo supervisión de COFEPRIS.
Los consumos hospitalarios deberán ser reportados digitalmente para garantizar continuidad y trazabilidad.
Esto implica que las farmacias hospitalarias no solo seguirán dispensando y administrando medicamentos, sino que deberán incorporar herramientas digitales de registro y reporte en tiempo real.
La receta electrónica, nuevamente, aparece como el puente natural: lo que el médico prescribe, lo que la farmacia hospitalaria administra y lo que se reporta al sistema nacional debe coincidir. La interoperabilidad entre prescripción y administración se vuelve un estándar obligatorio.
Estadística y toma de decisiones
Otro de los ejes más potentes de la iniciativa es la integración de datos para la planeación estratégica. Se propone la creación de:
El Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud, con estadísticas locales y nacionales.
El Sistema Nacional de Información en Salud, con datos nominales de servicios prestados.
El objetivo es consolidar información para diagnóstico, prevención, personalización de tratamientos y mejora de la gestión hospitalaria.
La Secretaría de Salud integrará una base de datos con información estadística local, alimentada por los servicios de salud, que permita apoyar la planeación estratégica, la evaluación de políticas y la toma de decisiones en materia de salud.En este marco, la receta electrónica no solo es un instrumento clínico, sino también una fuente de datos estratégicos. Cada prescripción se convierte en un insumo para medir demanda, evaluar políticas de medicamentos y mejorar la cadena de abasto.
Conclusión
La iniciativa del Ejecutivo federal marca un hito en la historia de la política de salud en México. Al incluir formalmente a la salud digital en la Ley General de Salud, se sientan las bases para transformar la forma en que se prescriben, dispensan y administran los medicamentos.
La receta electrónica emerge como el hilo conductor que une médicos, farmacias privadas, hospitales y sistemas nacionales de información. Su implementación masiva permitirá no solo mejorar la experiencia del paciente, sino también fortalecer la trazabilidad, la calidad y la eficiencia del sistema en su conjunto.
La inclusión de las farmacias privadas en el surtimiento de recetas del sector público, junto con la certificación de calidad y la integración de la farmacia hospitalaria a sistemas digitales de vigilancia, abre la puerta a un modelo híbrido, público-privado, basado en confianza y tecnología.
En este nuevo escenario, la receta electrónica deja de ser un proyecto de innovación aislado para convertirse en el eje estratégico de la salud digital en México.
